Cubanos y argentinos lideran solicitudes de nacionalidad española
Cubanos y argentinos acaparan la mayoría de los 2.3 millones de personas que solicitaron la nacionalidad española, un dato que revela la magnitud de un fenómeno migratorio sin precedentes recientes.
El aumento de solicitudes se produjo tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el 21 de octubre del 2022. Esta normativa permitió a descendientes de españoles recuperar una nacionalidad perdida por razones políticas o históricas. El impacto fue inmediato y global.
Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), aseguró en declaraciones a medios españoles que unos 2,3 millones de solicitudes se presentaron durante los tres años que estuvo en vigor la Ley de Memoria Democrática (LMD).
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Argentina, el principal foco de solicitudes
Por su parte, Argentina encabezó ampliamente el número de peticiones. Las cifras ascienden a más de 600 mil en el consulado bonaerense, lo que provocó colapsos del sistema y demoras en las citas.
Miles de argentinos buscaron rescatar sus raíces españolas y poner rumbo a Europa como vía de escape de los años de tensión económico vividos durante los gobiernos e izquierda.
Cuba, una presencia clave en el proceso
En segundo lugar aparece Cuba, donde la emigración española también fue numerosa durante décadas. Miles de cubanos iniciaron solicitudes motivados por vínculos familiares directos con padres o abuelos nacidos en España. Solo en el 2025, más de 27 mil cubanos se han empadronado en España.
La complejidad documental no frenó el proceso. Muchos solicitantes lograron reunir partidas, certificados y archivos familiares conservados durante generaciones. Ese esfuerzo explica por qué Cuba y Argentina acaparan la mayoría de los 2.3 millones de personas que solicitaron la nacionalidad española.
Un sistema consular bajo presión
El volumen de solicitudes superó la capacidad habitual de los consulados españoles. Oficinas en América Latina enfrentaron retrasos, agendas saturadas y procesos prolongados. En respuesta, España permitió que solicitudes iniciadas dentro del plazo siguieran su curso.
Este enfoque evitó exclusiones masivas, pero también alargó los tiempos de resolución. Muchos expedientes continúan en revisión y podrían tardar años en completarse. El desafío administrativo sigue abierto.
La obtención de la nacionalidad española también abre oportunidades prácticas. El acceso a derechos europeos amplía opciones laborales, educativas y de movilidad. Este factor resultó especialmente atractivo para jóvenes adultos.
A largo plazo, España deberá gestionar las consecuencias de este proceso masivo. Nuevos ciudadanos implican integración, servicios y planificación institucional. El debate ya comenzó en círculos políticos y sociales.
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