Nuevas sanciones económicas a migrantes con órdenes de deportación

La administración del presidente Donald Trump ha implementado una política que impone multas diarias de $998 a migrantes con órdenes de deportación que no abandonen Estados Unidos.  

Esta medida, basada en una ley de 1996, busca presionar a los migrantes a autodeportarse, sumándose a la estrategia de deportación masiva del gobierno actual. 

Detalles de la política 

Monto de las multas: $998 por día de permanencia ilegal en el país tras una orden de deportación. 

Aplicación retroactiva: Las multas pueden aplicarse hasta por cinco años, acumulando deudas significativas. 

Consecuencias por impago: Los migrantes que no paguen las multas podrían enfrentar acciones como la incautación de bienes. 

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha confirmado que la administración está instando a los migrantes indocumentados a utilizar la aplicación CBP One para facilitar su autodeportación. De lo contrario, se enfrentarían a sanciones económicas severas.  

Scott Shuchart, funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración de Biden, ha expresado que estas multas podrían ser impugnadas en los tribunales. Además, ha sugerido que el objetivo principal de la medida es generar temor en las comunidades migrantes. 

Abogado explica qué hacer tras anuncio de revocación del parole para los de CBP One – https://t.co/rNMWRVglk3

— Jesús Miguel Medina (@nightniebla1) April 9, 2025

Contexto y repercusiones 

Esta política recuerda a medidas anteriores, como la implementada en 2018, cuando se multó a migrantes que buscaban refugio en iglesias. En esa ocasión, se aplicaron multas acumuladas de hasta $497.777 a personas que no abandonaron el país tras recibir órdenes de deportación.  

La implementación de estas sanciones ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Se teme que puedan afectar gravemente a hogares de estatus mixto, donde residen tanto migrantes indocumentados como ciudadanos estadounidenses, incrementando los niveles de pobreza y vulnerabilidad social.  

Respuesta y acciones legales 

Diversas organizaciones están evaluando acciones legales para impugnar la constitucionalidad de estas multas. Argumentan que convierten una infracción civil en un delito penal y que su aplicación podría violar derechos fundamentales.  

Además, señalan que la medida podría resultar ineficaz, ya que durante la administración anterior solo se recaudó aproximadamente el 1% del monto total de las multas impuestas.  

La imposición de multas diarias a migrantes con órdenes de deportación representa un endurecimiento significativo de las políticas migratorias en Estados Unidos. Mientras el gobierno busca disuadir la permanencia ilegal en el país, esta medida ha generado un amplio debate sobre su legalidad, eficacia y las posibles consecuencias sociales que podría acarrear.