USCIS acumula más de 348 mil solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano

USCIS acumula más de 348 mil solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano. En febrero de 2026 procesó apenas diez casos. Esta cifra ha generado inquietud en la comunidad cubana en Estados Unidos. En febrero de 2026, el número de casos procesados por el sistema fue de aproximadamente diez. No es un error tipográfico. Es el estado real de uno de los trámites más importantes para la comunidad cubana en este país.

Un sistema que acumula y casi no resuelve

La Ley de Ajuste Cubano permite que los cubanos que llegan a suelo estadounidense y cumplen ciertos requisitos soliciten la residencia permanente. Es una vía legal que existe desde 1966 y que ha beneficiado a generaciones de migrantes cubanos.

El problema no está en la ley. Está en quién la administra

USCIS es la agencia federal encargada de procesar esas solicitudes. Y según los datos de febrero de 2026 citados por el analista migratorio David Bear, la institución tiene más de 348 mil expedientes pendientes bajo esa vía. De ellos, más de 302 mil llevan más de seis meses esperando una respuesta. En ese mismo mes, la cantidad de casos resueltos fue de apenas diez.

La desproporción entre lo que entra al sistema y lo que sale de él explica por qué miles de cubanos viven en una especie de limbo legal. Tienen el derecho sobre el papel. No lo tienen en la práctica.

Lo que significa esta espera en la vida real

Un expediente sin resolver no es solo un formulario en una carpeta. Es una persona que no puede viajar sin complicaciones, que quizás no tiene autorización de trabajo vigente, que no sabe si podrá renovar sus documentos a tiempo y que no puede planificar su vida con certeza.

Para una comunidad como la cubana, marcada por años de incertidumbre migratoria antes de llegar a Estados Unidos, seguir en ese estado de indefinición una vez dentro del país tiene un costo emocional y económico real. Muchos de quienes esperan esa green card llevan varios años en Estados Unidos. Algunos tienen hijos nacidos en suelo americano. Todos tienen razones de peso para querer resolver su situación cuanto antes.

El atraso los mantiene atados a un proceso que, en teoría, debería ser una formalidad para quienes cumplen los requisitos.

Un abogado habla claro: hay base para demandar

El abogado de inmigración Ismael Labrador analizó esta situación públicamente y fue directo en su evaluación. Según él, los datos disponibles podrían servir de base para acciones legales contra USCIS por retrasos administrativos injustificados.

Labrador señaló que el argumento central es simple: quienes presentaron sus solicitudes no están pidiendo un favor. Están reclamando una decisión sobre un trámite que ya iniciaron con todos los documentos en regla. La ley establece que tienen derecho a esa resolución, y la agencia tiene la obligación de proveerla.

También indicó que una demanda que reúna a un número significativo de afectados podría ilustrar mejor la dimensión del problema ante los tribunales. No como casos aislados, sino como evidencia de una falla sistemática dentro de la agencia.

El I-220A y la carta de Salazar

En el mismo contexto, se mencionó la situación de los cubanos que fueron liberados en la frontera con el formulario I-220A, un documento que acredita su presencia en el país pero que no equivale a un estatus migratorio definitivo.

La congresista María Elvira Salazar envió una carta a la administración del presidente Donald Trump solicitando atención específica para este grupo. Muchos de estos cubanos también están dentro del universo de personas que esperan resoluciones migratorias pendientes.

Por qué este número importa ahora

El contexto político actual no ayuda. La administración Trump ha endurecido la política migratoria en múltiples frentes, y USCIS ha enfrentado críticas por paralizaciones y retrasos en distintas categorías de casos, no solo los relacionados con cubanos.

Sin embargo, el caso cubano tiene características propias. La Ley de Ajuste Cubano fue diseñada específicamente para esta comunidad, y las demoras en su aplicación afectan a personas que llegaron con la expectativa de que ese mecanismo legal funcionaría a su favor.

Tener 348 mil expedientes abiertos y haber resuelto diez en un mes no es una política migratoria. Es un atasco que tiene nombre y apellido para cada una de las personas que espera al otro lado.